Las respuestas. Políticas públicas y responsabilidad social
Las políticas públicas y los servicios y ayudas sociales que despliegan, tienen problemas para asumir ese nuevo potencial de desigualdad de nuevo tipo. Partimos de tasas de cobertura e intensidad mucho más selectivas y débiles que otros países europeos, y no es extraño pues que las políticas públicas y los servicios sociales hayan tendido a orientar y focalizar su trabajo hacia los grupos de riesgo: personas y sectores vulnerables a la marginación, o bien en situaciones abiertas de precariedad social. Es evidente que en sociedades complejas como las nuestras los resortes clave de lucha contra la exclusión deben ubicarse en la esfera pública. Las políticas sociales, los programas y los servicios impulsados desde múltiples niveles territoriales de gobierno se convierten en las piezas fundamentales de un proyecto de sociedad cohesionada. Ahora bien, las políticas sociales contra la exclusión deben abandonar cualquier pretensión monopolista, profesionalista o centralizadora. Su papel como palancas hacia el desarrollo social inclusivo será directamente proporcional a su capacidad de tejer sólidas redes de interacción con todo tipo de agentes comunitarios y asociativos, en el marco de sólidos procesos de deliberación sobre modelos sociales, y bien apegadas al territorio.
Como ya hemos adelantado, cuando hablamos de exclusión social a principios del siglo XXI estamos hablando de algo distinto a la pobreza de siempre. Y ello requiere dar un giro sustancial tanto a las concepciones con las que se analiza el fenómeno como a las políticas que pretendan darle respuesta. Requiere buscar las respuestas en dinámicas más “civiles”, menos dependientes de lo público o de organismos con planteamientos estrictamente de caridad. Requiere armar mecanismos de respuesta de carácter comunitario, que construyan autonomía, que reconstruyan relaciones, que recreen personas. Creemos que el factor esencial de la lucha contra la exclusión hoy día, pasa por la reconquista de los propios destinos vitales por parte de las personas o colectivos afectados por esas dinámicas o procesos de exclusión social, y este libro es un buen ejemplo de ello.
Si ello es así, necesitamos armar un proceso colectivo que faculte el acceso a cada quién a formar parte del tejido de actores sociales, y por tanto, no se trata sólo de un camino en solitario de cada uno hacia una hipotética inclusión. No se trata sólo de estar con los otros, se trata de estar entre los otros. Devolver a cada quién el control de su propia vida, significa devolverle sus responsabilidades, y ya que entendemos las relaciones vitales como relaciones sociales, de cooperación y conflicto, esa nueva asunción de responsabilidades no se plantea sólo como un sentirse responsable de uno mismo, sino sentirse responsable con y entre los otros.
Como hemos ido sugiriendo, no hay situaciones permanentes y estables en que una persona esté incluida o excluida. Con estos conceptos nos referimos más bien a situaciones personales que acumulan más o menos riesgos, más o menos vulnerabilidades, y que por tanto expresan un continuum en el que es posible identificar las situaciones concretas y no abstractas o formalizadas de cada uno de nosotros, con sus blancos, negros y toda la gama de grises. Cada uno desarrolla estrategias para salir de donde está, para mejorar su situación, para evitar un exceso de precariedad o de riesgo. Desde nuestro punto de vista, se podrían destacar tres ejes sobre los que pivotan muchas de las estrategias de salida de la exclusión: trabajo, las redes sociales y familiares de apoyo, la capacidad de estar implicado en el entorno social, de ser reconocido como lo que cada uno es, con sus características diferenciales y específicas. Hemos querido resumirlo en el gráfico que sigue.
Uno es igual cuando, siendo distinto, se siente reconocido como un igual. La inclusión social de cualquier persona o colectivo pasa pues, en primer lugar, por el acceso garantizado a la ciudadanía y a los derechos económicos, políticos y sociales correspondientes a la misma, así como las posibilidades de participación efectiva en la esfera política.
En segundo lugar, la inclusión social de toda persona o grupo social pasa por la conexión y solidez de las redes de reciprocidad social, ya sean éstas de carácter afectivo, familiar, vecinal, comunitario u de otro tipo. Las redes sociales y familiares son un elemento constituyente de las dinámicas de inclusión y exclusión social. Así, resulta importante señalar el hecho de que no sólo la falta de conexión con estas redes puede determinar en gran medida la exclusión o la inclusión social de una persona o colectivo, sino que también las características específicas y los sistemas de valores y de sentidos que éstas tengan son extremadamente relevantes. Aún así, la existencia de redes de solidaridad es un elemento clave en las estrategias que los grupos y las personas tienen a su alcance para paliar o dar solución a determinadas situaciones de carestía o de precariedad, y su inexistencia o su conflictividad puede agravar la gravedad de la situación y/o cronificarla. Este elemento es especialmente importante en los regímenes de bienestar mediterráneos como el español, donde la cobertura del sistema de protección social público es notablemente débil, por lo que las redes familiares y sociales juegan un papel fundamental en la redistribución de recursos y en la contención de la exclusión y la pobreza grave.
Finalmente, el espacio de la producción económica y muy especialmente del mercado de trabajo, es el otro gran pilar que sustenta la inclusión social. El empleo es la vía principal de obtención de ingresos para la mayor parte de la población, la base con la que se calcula el grado de cobertura social de la población inactiva y también una de las principales vías de producción de sentido e identidad para los sujetos. Por lo tanto, el grado y el tipo de participación en éste determinan de una forma muy clara y directa las condiciones objetivas de exclusión e inclusión social. En el contexto actual, existen múltiples segmentos de la población, que o bien quedan al margen del mercado de trabajo o bien tienen una débil inserción en él. Nos encontramos en un proceso de dualización del mercado laboral, en el cual se consolida por un lado la disminución del mercado laboral primario, constituido por los puestos de trabajo relativamente estables y protegidos; y por el otro el crecimiento desorbitado del mercado laboral secundario, que se caracteriza por una creciente precariedad, una alta rotación y la pérdida progresiva de derechos y coberturas sociales, y que está ocupado principalmente por jóvenes de baja y media cualificación, mujeres, inmigrantes extranjeros y trabajadores adultos precarizados. A todo ello hay que añadir el también creciente número de trabajadores que trabajan como falsos autónomos o en empleos informales, irregulares o directamente ilegales. Éstos, a la postre, obtienen menores ingresos, menor estabilidad y una cobertura más débil o inexistente por parte del sistema de pensiones y de protección social, por lo que requieren de manera muy significativa del apoyo de la familia u otras redes sociales.
Así, en términos generales, las carencias, ausencias o la posición que cada persona o grupo tenga en cada uno de estos tres espacios de la inclusión (o en más de uno a la vez), conllevan el desarrollo de procesos de precarización o vulnerabilidad que pueden conducir hacia situaciones de fuerte desigualdad o de exclusión social. Al contrario, quienes tengan mayores oportunidades de participar con unos determinados niveles de “calidad” en estas tres esferas, serán los colectivos con mayores cotas de inclusión. La presencia y la posición de los distintos segmentos de población en cada una de estas dimensiones determinarán, de entrada, su nivel y tipo de inclusión social y, con ello, sus principales riesgos de exclusión. En este sentido, si nos centramos en los jóvenes, constatamos una posición desaventajada en el mercado de trabajo, que los hace más vulnerables a procesos de exclusión vinculados con la falta de participación o las condiciones de precariedad bajo las que se desarrollan en el campo de lo laboral.